El dilema energético de Colombia 

Entre el desabastecimiento y la insostenibilidad

Colombia se encuentra en una encrucijada energética que pone de manifiesto las contradicciones de su política ambiental y económica. La inminente escasez de gas natural, un recurso fundamental para la matriz energética del país, ha desencadenado un debate que revela la falta de planificación a largo plazo y la persistencia de un modelo extractivista obsoleto.

La propuesta del fracking como solución al desabastecimiento es sintomática de una visión cortoplacista que prioriza ganancias inmediatas sobre la sostenibilidad ambiental y la salud pública. Esta técnica de extracción, ampliamente cuestionada a nivel global, representa un retroceso significativo en la lucha contra el cambio climático. Los riesgos asociados al fracking, que incluyen la contaminación de acuíferos, la inducción de actividad sísmica y la emisión de metano, superan con crecimientos sus potenciales beneficios económicos a corto plazo.

La consideración del fracking en vísperas de la COP16 pone en evidencia la disonancia entre los compromisos internacionales de Colombia en materia climática y sus prácticas internas. Esta contradicción no solo amenaza la credibilidad del país en foros internacionales sino que también compromete su capacidad para liderar una transición energética regional.

El argumento de la necesidad energética como justificación para el fracking ignora deliberadamente el vasto potencial de Colombia en energías renovables. El país posee recursos solares, eólicos e hídricos abundantes que, con la inversión y políticas adecuadas, podrían no solo satisfacer la demanda interna sino también posicionar a Colombia como un exportador de energía limpia.

La verdadera crisis no es el desabastecimiento del gas, sino la falta de voluntad política para implementar una transición energética integral. La dependencia continuada de combustibles fósiles refleja la influencia persistente de intereses corporativos sobre la política energética nacional, en detrimento del bienestar público y la sostenibilidad ambiental.

La COP16 ofrece a Colombia una oportunidad crucial para reorientar su estrategia energética. Sin embargo, la mera participación en estos foros internacionales es insuficiente si no se traduce en acciones concretas a nivel nacional. La prohibición del fracking debería ser solo el primer paso hacia una política energética coherente con los desafíos del siglo XXI.

Es imperativo que Colombia abandone la falsa dicotomía entre desarrollo económico y protección ambiental. La inversión en energías renovables no solo abordaría el desabastecimiento energético, sino que también generaría empleos sostenibles, mejoraría la salud pública y reduciría la dependencia de importaciones energéticas.

En conclusión, la crisis energética actual de Colombia es, en esencia, una crisis de gobernanza y visión a largo plazo. La verdadera prueba de liderazgo para el país no radica en encontrar soluciones rápidas y perjudiciales como el fracking, sino en tener el coraje de implementar una transformación energética profunda y sostenible. Solo así Colombia podrá cumplir con sus compromisos climáticos y asegurar un futuro energético estable y limpio para sus ciudadanos.